El Arzobispado de Pamplona y Tudela participará por primera vez en la comisión de reconocimiento a las víctimas de atentados contra la integridad física, indemnización y libertad sexual en el seno de la Iglesia Católica en la Comunidad foral. La noticia fue comunicada por la consejera de Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, durante el pleno de este jueves. Esta comisión, pionera en España y fruto también de la primera ley autonómica que reguló esta materia, fue reconocida oficialmente como víctima de pederastia dentro de la institución católica con 15 personas —10 hombres y 5 mujeres—, pese a que fue entrevistada por un envía y tiene una lista de 60 recordatorios pendientes.
La comisión, que estableció de forma individualizada la condición de víctima de cada una de las denunciantes, está integrada por expertos de distintos ámbitos -sociológico, educativo o jurídico- y, aunque la ley contemplaba inicialmente la presencia de dos representantes de la Iglesia católica, la institución rechazó su presencia. En aquel momento, en 2022, el portador del Arzobispado, Josetxo Vera, lo justificó aseverando que “no es bueno ser juez y parte. No se entendió que la Iglesia estaba decidiendo quién es la víctima y quién no». El cambio de postura se produjo entre la elevación al frente de la diócesis navarra con el júbilo de negro de Francisco Pérez y la llegada del nuevo maestro Florencio Roselló.
La concejala López explicó que su departamento mantuvo una reunión con el nuevo arzobispo en la que le expresó su deseo de participar en el organismo. López considera que es «un paso necesario y muy positivo» que «debe contribuir a reparar el daño de las víctimas, trabajando la empatía y el reconocimiento del sufrimiento causado y velando por la reparación de ese daño». ESA quiso confirmarlo Alfredo Irujo, de la Oficina de atención a las víctimas del incendio de Pamplona y Tudela: “De hecho, desde el arzobispado ha decidido que es el momento de participar en los trabajos de esta comisión, después de las reuniones con las víctimas y también con miembros del Gobierno de Navarra. Para nosotros, en el centro, todos debemos ser víctimas de abusos y por eso creemos que es importante participar en aquellos espacios en los que queremos acoger, escuchar, proteger, reconocer y reparar».
Irujo asegura que este es un paso más en un trabajo iniciado por el anterior arzobispo Pérez, quien se reunió con dos de las víctimas del colegio diocesano de Puy de Estella, siguiendo el proceso de justicia restaurativa. Un aspecto destacable de su discordancia con la postura de la institución católica en España. Debo señalarlo, recientemente, en la lista de 806 casos que la Conferencia Episcopal informó a su informante para dar luz —y que publicó EL PAÍS—, los abusos del Puy se consideran “no probados”.
El presidente de una de las asociaciones de denunciantes de pederastia de Navarra, Marcos Leyún, recibió la noticia con «sorpresa y, en segundo lugar, con esperanza». “En todos los sentidos, la esperanza no puede ser plena después de cuatro años o más que hemos estado esperando una respuesta de la Iglesia. La esperanza está en vilo”, añadió. Ahora no se ha reunido con el nuevo arzobispo, aunque le han presentado una solicitud de entrevista para poder estar con él.
La comisión parlamentaria para el reconocimiento de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica concede un reconocimiento simbólico a los denunciantes que han sufrido abusos en territorio navarro -con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia-. Es el primero de estas características emitido por una administración pública en España. Este reconocimiento puede ir acompañado, si se desea, de un proceso de justicia restaurativa en el que, por ahora, han participado dos personas. Este proceso consiste en crear un espacio seguro para que estas personas compartan sus necesidades, busquen respuestas a sus preguntas e identifiquen, lo antes posible, las acciones necesarias para reparar el daño. La voluntad del gobierno formal es que este proceso reparativo se convierta pronto en un beneficio garantizado para todas las personas que se reconozcan como víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica y así lo soliciten.
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