Una vez que las comunidades del PP acuerdan cofinanciar con el Estado el sueldo de 5.600 profesores universitarios durante dos meses de resistencia | Educación

Una vez que las comunidades del PP acuerdan cofinanciar con el Estado el sueldo de 5.600 profesores universitarios durante dos meses de resistencia |  Educación
Una vez que las comunidades del PP acuerdan cofinanciar con el Estado el sueldo de 5.600 profesores universitarios durante dos meses de resistencia |  Educación

La ministra Diana Morant encabezó las negociaciones con las comunidades autónomas: el Gobierno repartió 900 millones de euros para pagar a los empleados de 3.400 profesores auxiliares de medicina -la primera contaba con 1.300 docentes- durante seis años entre las regiones que aceptaron asumir sus éxitos tras esta vez (si se establecen) y contratar más de un 20% de docentes adicionales con esta figura laboral cara al curso que viene (terminaron siendo más por sus necesidades recientes). Tras reunirse, y durante semanas de negociaciones, 11 comunidades gobernadas por el PP (incluida Canarias, donde formaban parte de la guarnición ejecutiva de Coalición Canaria), que aspiraban a que el Gobierno se hiciera cargo del 100% de los costes , terminaron cediendo y votaron a favor del departamento del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada este miércoles. Cada persona pagará la suma de 5.634 auxiliares médicos (entre 1.500 y 2.000 euros al mes, en función de los complementos territoriales). Todas las regiones populares votaron a favor del criterio excepto Baleares, que no están de acuerdo, aunque el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no descarta que acabe firmando el convenio.

El Govern balear votó en contra porque no quiere que el Estado financiero tenga 28 profesores, hasta 238, que son los que lo necesitan en la universidad del mismo nombre. La idea del ministerio es que al Gobierno regional le cueste más de 19. El Gobierno regional no tiene que ver con «las particularidades ni la idiosincrasia» de la Universitat de les Illes Balears (UIB). “Es necesario dejar constancia que conceptos populares como el decreto Wert, han permitido a ciertos profesores incrementar la plaza docente. La UIB aplicó durante toda su extensión el citado decreto Wert, lo que supuso ocultar un elevado número de profesores que llevaban un máximo de 240 horas de docencia al año (algunos estaban en 360 horas al año). Ahora la LOSU no permite este extremo”, explica el Gobierno en una nota. De hecho, la Ley Orgánica del Sistema Universitario reduce la carga lectiva de los profesores asociados de 180 a 120 horas. Es muy singular el caso de Baleares, que tiene sus propias cifras, con 360 horas.

La sorpresa fue la propia Madrid, que lleva semanas hablando de «convenio trampa». En el portal El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, el concejal Emilio Viciana renunció el pasado lunes. “Estamos ante una intervención de facto de la autonomía regional; una extorsión que obliga a firmar un manifiesto de adhesión ideológica a la política de (Presidente Pedro) Sánchez para recibir el dinero que el ministro está obligado a dar; un camino para la autonomía universitaria; una hipoteca inasumible para tu propio coche (600 millones durante los próximos seis años)”. Por eso los rectores de Madrid esperaban este volante de última hora.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, desde un punto de encuentro en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria es este milagro en Madrid.
RUBÉN NIETO GRANADOS (EFE)

Estos datos que usted informó a la junta no son compatibles. Cinco mil euros al año le costaría a Madrid contratar a 2.500 profesores ayudantes doctores (cada plaza de esta comunidad requiere una inversión de 40.000 euros), cuando la propuesta de Morant al Gobierno regional era que el ministerio costara el sueldo de 1.091 profesores y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en otros 657.

Las comunidades del PP han estado presionando todos estos meses en el ministerio -la plaza para negociar presumiblemente finalizó a finales de abril- con el tema del gran simbolismo económico que asume en el sexenio (las autonomías desde entonces sufragarán todos los fijos lugares y las universidades tienen que usted se comprometa por escrito a establecerlos), pero la justificación se desmonta por los números. En 2022, a las puertas del partido ya estaban presentes 22.153 catedráticos y catedráticos de entre 59 y 70 años, con salarios muy superiores y complementos de antigüedad y producción, y los funcionarios se jubilarán en masa. No será, por tanto, un esfuerzo económico extra con muchas bajas. También pidieron al Gobierno que negocie «por razones» con la conferencia de rectores (CRUE), sumamente interesada en que todos firmen la información. Su presidenta, Eva Alcón, aplaudió que hayan echado la culpa al “diálogo y la responsabilidad institucional”.

Antonio Sánchez, diputado regional de Más Madrid y profesor asociado de filosofía gris y medieval, ha hablado varias veces sobre este tema con la concejala Viciana y el resultado es incomprensible la jugada inicial: “El 50% del catedrático madrileño tiene más de 50 años y El 30% se celebran en menos de 10 años. Es decir, quieran o no desmantelar la universidad, tenderán a incorporar a estos médicos auxiliares en los próximos años». Madrid, que es cabeza del PIB, es la comunidad autónoma que financia principalmente sus universidades y, junto con Cataluña, la que tiene los precios de matrícula más caros. El pasado mes de abril los seis directivos se reunieron en un acto para hacer una declaración conjunta: “Con los fondos no contenemos los gases personales”.

La temporalidad en España en el sector público alcanza el 12,8% y el compromiso con Bruselas se reduce a un nivel inferior al 8%, pero en el caso de las universidades se dispersa hasta el 49% (la mitad de ellos profesores asociados), un porcentaje a ojos de Morant “inadmisible, inaceptable”. La idea es que haya un departamento “objetivo de las plazas” que atienda las necesidades “dispares” de las universidades, afirma Morant, porque algunas apenas superan el 20% –la intención es que todas se queden por debajo de ese porcentaje– y otras llegan al 70% , en el caso de Baleares.

Es de suponer que el ministro calculó la asignación en proporción a los profesores asociados de cada universidad. La figura de la asociación no se utiliza mucho en la UNED, en el País Vasco, en Extremadura, Andalucía y Galicia, mientras que se ha abusado de ella sobre todo en Cataluña -que ha diseñado su propio plan de choque con 820 plazas en tres años y está el que más Fondos va a recibir―, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Ahora los afiliados ganan una media de entre 600 y 750 euros. El programa prevé que en estos seis años los asistentes y doctores queden acreditados como titulares gracias al trabajo científico de este período, en el que no darán demasiadas lecciones.

Morant achaca el origen del problema a «otros gobiernos» que aplican «tasas de reposición en determinados casos, cuando las jubilaciones son sustituidas por ningún profesor». En realidad, con el ministro Cristóbal Montoro, del PP, llegaron los mayores recortes en los relevos, pero empezó en la era del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, el PSOE determinó que sólo si reemplazaba a tres de cada 10 profesores (30%), y al año siguiente el PP impuso una tasa de reposicionamiento del 10%. Tuvo que buscar fórmulas en el campus para que los jóvenes talentos no emigraran. En 2014 superó el arancel en un 50% y en 2017 en un 100%. A finales de 2021, con Manuel Castells como ministro, elevó la tasa de reposicionamiento al 120%: por cada 10 profesores que se alegran, las universidades pueden convocar 12 plazas fijas. Pero el problema es que muchos no tienen dinero para pagar mucho dinero nuevo y, en general, los gobiernos autónomos no tienen plantas en campus entre sus prioridades decentes.

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