El País Vasco es la única comunidad autónoma que ha decidido que la regulación del uso del teléfono móvil personal vaya a los centros educativos, que tenderán a incluir, antes de la final de 2024, medidas concretas de carácter pedagógico en su normativa interna. “El Gobierno siempre ha tenido competencia para fomentar la autonomía de los centros y su poder de decisión, cada caso escolar es diferente y debe acordarlo en el consejo escolar ―donde hay representación del profesorado, de las familias y del alumnado, entre otros―”, explica a este periódico del Departamento de Educación del Ejecutivo Nacional (PNV), donde se aclara que, por ejemplo, la escuela rural no siempre tiene las mismas necesidades que los centros ubicados en centros urbanos.
Este miércoles, el Ministerio de Educación convocó a los consejos de las comunidades autónomas para plasmar sus recomendaciones sobre la regulación del uso de dispositivos móviles, que coinciden con la propuesta del Consejo Estatal de Educación ―máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno― aprobada en el ‘por unanimidad de la semana pasada: prohibir el uso de dispositivos móviles en primer lugar y limitar su uso a multas exclusivamente pedagógicas o médicas en segundo lugar, por lo que es aconsejable cobrar desde que se entra en los centros hasta que se sale .
En pleno debate sobre la pertinencia de llevar el móvil al colegio, el pasaje del 13 de diciembre del Ministerio de Educación propone a las comunidades autónomas limitar el uso del móvil en los centros educativos, y por muchas regiones se pone en marcha periódicamente. En los últimos meses, Andalucía (PP-Vox), Murcia (PP-Vox), Canarias (Coalición Canaria-PP), Cataluña (ERC) y Aragón (PP-Vox) han aprobado normas de obligado cumplimiento para los centros en los que si limita su uso a fines estrictamente educativos. En términos generales, todos siguen la limitación del veto infantil y primario y la limitación secundaria.
Murcia y Cataluña han ido un paso más allá que el resto de regiones y han establecido que los dispositivos podrían quedarse “sin pagar”. “La custodia de los dispositivos móviles en las aulas no tiene custodia legal, no podemos regularla, pero sí podemos establecer que queden impagos”, explica el concejal de Educación de Murcia, Víctor Marín, quien le dijo que han adoptado este medicamento tras señalar la distracción que supone para los estudiantes ―el tiempo medio que demora un alumno en recuperar la atención tras recibir una notificación ronda los 20 minutos, según el informe GEM 2023 de la UNESCO―. Además, el 20% de los fracasos graves como los de graduación y formación profesional de los alumnos de la región corresponden al uso inadecuado de los dispositivos móviles.
El Ministerio de Educación también ha regulado este sector en Ceuta y Melilla, territorios con competencias educativas.
Otras autonomías, como Baleares (PP-Vox), La Rioja (PP), Comunidad Valenciana (PP y Vox), Extremadura (PP y Vox) y Navarra (PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo Zurekin) confirman este periódico en intención de regular, por ello ya ha emprendido la ronda de consultas con la comunidad educativa. Asturias (PSOE-IU-Podemos) y Baleares han anunciado que tienen un borrador y que el medicamento podría empezar a aplicarse el próximo febrero. Cantabria (PP) recomendó el paso de septiembre con la organización del curso a los centros que regulan el uso de dispositivos móviles y “tomar nota de las recomendaciones de las diferentes comunidades y centros educativos de la región para estudiar los próximos pasos a dar” , informó desde el consejo de este periódico.
Pese a estrella de acuerdo con la recomendación del Consejo Escolar del Estado y del Ministerio, la mayoría de los concejales de las comunidades gobernadas por PP y Vox no tuvieron aprecio por la reunión de estos miércoles, y donde enviaron a los viceconcejales o los secretarios generales. El concejal de Murcia, Víctor Marín, consideró que el Gobierno Central “se dedica a copiar las buenas prácticas que ya han puesto en marcha las autonomías respecto a la regulación del uso de dispositivos electrónicos de uso individual, intentando abrir un registro con la regulación de asuntos en quienes no tienen competencias”.
En la reunión sólo participaron los consellers de Asturias, Cataluña y Navarra y la única autonomía que no nombró a ningún representante del País Vasco, que enviaron un correo electrónico al ministro con una detallada argumentación de por qué no son partidarios de la regulación impuesta por la administracion.
Por su parte, la ministra Pilar Alegría, en declaraciones a este periódico, valoró positivamente la reunión celebrada e indicó que, desde el momento en que tuvo la primera reunión entre el ministerio y las comunidades el 13 de diciembre, su autonomía aprobó el reglamento, y también algunos que ya los tenían, como Galicia, lo han actualizado para recuperar las pautas en las recreativas. Además, como indicó, otros se encuentran ahora en proceso de debate con su comunidad educativa. Preocupado por las acusaciones del concejal murciano, consideró que “no vale perderse en críticas externas, lo importante es que tenga una respuesta común de todas las administraciones”.
Castilla-La Mancha y Galicia tuvieron las primeras autonomías al prohibir el uso personal del móvil en las aulas en 2014 y 2015 respectivamente, y en 2020 también la Comunidad de Madrid, que también amplió la restricción al entretenimiento y justificó las investigaciones, como una un estudio de la Universidad de Chicago que demostró cómo el móvil también beneficia al reducir la concentración, o un trabajo financiado por la Comisión Europea que alertaba de que el 21,3% de los adolescentes españoles presentaba signos de adicción a la tecnología. La normativa de las tres regiones da un margen de autonomía a los centros para permitir su uso de forma “excepcional” y con sanciones pedagógicas. Por su parte, Castilla y León asegura que ya lo ha regulado en un decreto de 2007, pero ese documento sólo contempla la obligación de los centros de regular “el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos”, no se refiere a los teléfonos móviles de uso personal. .
El impacto del uso del celular personal en el rendimiento académico y en tu empleador para capturar videos o enviar mensajes en redes sociales para hacer acoso Algunos colegas han llevado a uno de cada cuatro países del mundo a prohibir leyes o decretos que prohíban su uso en las aulas, informa el último informe GEM 2023 de la UNESCO.
Sigue la reunión La sociedad de la información en los centros. Curso 2020-2021 del Ministerio de Educación, De carácter bienal, el 50,6% de los centros en España permiten a antiguos alumnos de la ESO utilizar el móvil con fines pedagógicos, y el 57,3% lo hace con alumnos de grado, mientras que son alumnado de FP básica en el 50,7%, en grado medio. en el 60,7% y en el grado superior en el 63,3%. De las autonomías, Extremadura, Castilla y León y Cataluña son las que más permiten el uso pedagógico actual
Ninguna autonomía ha impuesto una prohibición total porque se entiende que la formación sobre el uso responsable de las tecnologías debe impartirse también al profesor. “Los extremos no son buenos, y sabemos que obligamos a los chicos a quitarse del medio para ir al instituto, no es natural, el problema más grande son las redes sociales, que las superamos todos, y hay que lidiar con ello. el tema de los límites con los adolescentes”, apunta Judith Fernández, de la Xunta.
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