La justicia de EE UU niega a España inmunidad en la aplicación del arbitraje de renovables | Empresas

Un tribunal estatal ha desembocado en un plumazo de tres casos de enorme calado en la batalla del equilibrio español para evitar pagar las indemnizaciones a quienes han sido condenados en arbitrajes internacionales por recursos a las renovables. En un fallo dictado en el pasado, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la validez de tres laudos firmas contra España por 358 millones de dólares (324 millones de euros, al tipo de cambio efectivo), correspondientes a los casos de las empresas Nextera. 9REN y AES (drenado por el fondo Blasket). Se sigue así el camino para que las empresas acometan su implementación mediante el embargo de mercancías comerciales españolas en Estados Unidos. Los juegos han reclamado la inmunidad suprema que aligaba el recurso del Estado español al respecto, pero le han concedido una victoria menor, que puede acabar siendo trascendente, al permitir que pueda seguir alegando para evitar el pago.

El más importante entre los elogios analizados en la sentencia es el de Nextera, la mayor eléctrica del mundo por capitalización bursátil, que condenó a España a pagar 290,6 millones de euros por violar el tratado Carta de Justicia. Energía con tus recursos con la recompensa prometida por las inversiones en energías renovables. Es el mayor de los elogios ya firmes dictados por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativos a Informaziones, el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington. España interpuso sin éxito la anulación de la adjudicación ante su propio Ciadi, y pronto acabó impugnando la adjudicación de 41 millones a pagar a 9REN en lugar de los 26,5 millones a AES (que ha sido absorbida por el fondo Blasket Renewable Investors).

Una vez firmes los laudos, los inversores acudieron a los tribunales de Estados Unidos buscando un fallo confirmatorio para su ejecución. En primera instancia, ante los jueces federales en Washington, hubo decisiones contradictorias. España concedió inmunidad general ante el derecho común y, en paralelo, inició acciones ante los tribunales de los Países Bajos y Luxemburgo para conseguir que se prohibiera a las empresas iniciar la ejecución de los laudos en Estados Unidos.

En los casos de Nextera y 9REN, la jueza Tanya Chutkan (lo mismo que hizo Donald Trump para el caso de interferencia electoral de 2020) denegó en 2023 la inmunidad solicitada y, además, prohibió a España tratar de hacer cumplir el par en los tribunales de los Países Bajos. y Luxemburgo. A cambio, en el caso de AES-Blasket, otro tipo, Richard León, reconoció la inmunidad de Soberan en España, también el año pasado. Ahora, tres partidas del Tribunal de Apelaciones han dado lugar a golpe los recursos sobre los tres casos y dan una de cal y otra de arena en una sentencia de 63 páginas, incluida una votación particular.

España pierde en el alegato principal, en el que pedí inmunidad. Los jueces consideran que, al ratificar un acuerdo de arbitraje como el del Ciadi, “un país renuncia implícitamente a su inmunidad soberana frente a solicitudes que pretendan cumplir los laudos dictados en virtud de dicho convenio”.

válvulas de escape

España ha llegado a la conclusión de que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), cuya violación se condena en la ley, no permite a las empresas de la Unión Europea alegar arbitraje contra los Estados miembros. La Corte de Apelaciones, sin embargo, responde a este argumento y señala que la excepción de inmunidad no opera para tratar arbitrajes intracomunitarios: “El tratado de inversión ofrece poderosas razones para concluir que la oferta permanente de arbitraje está contenida en la disposición de arbitraje del TCE se extiende a los nacionales de la UE”, señala el fallo. Sin embargo, las palabras se pronuncian sólo sobre la inmunidad y se dan en el caso para que haya una disputa sobre la actuación, ofreciendo una válvula de escape: “No nos pronunciamos sobre la realización final de estos elogios. Sólo argumentamos que los tribunales de distrito tienen jurisdicción para hacerlas cumplir bajo la excepción de arbitraje de la FSIA”, dice la Ley de Inmunidad de los Estados Supremos, dice la quiebra.

He visto otra victoria menor en España, pero se puede considerar muy relevante. En primera instancia, la ley Chutkan no sólo trajo inmunidad, sino que también prohibió cautelarmente a España luchar contra la aplicación de las leyes en Estados Unidos a través de acciones judiciales en los Países Bajos y Luxemburgo. Ahora, el Tribunal de Apelaciones considera que es extralimitó al respecto. “Las medidas cautelares en este caso ‘atentan contra la soberanía’ tanto del Gobierno español al litigar como de los tribunales holandeses y luxemburgueses para decidir sobre una cuestión que España y la Unión Europea consideran una cuestión importante del derecho de la Unión Europea ”, dice la frase.

Es una osadía clave importante que España puede captar. En este punto, la sentencia del Tribunal de Apelaciones contiene un significativo voto particular de la jueza Florencia Pan: “Nuestra confirmación de los fallos judiciales del tribunal distrital es una victoria vacante para los opositores sí, a pesar de ello, los tribunales ajenos “Están encarcelados confirman el elogio que tanto les ha costado conseguir”, afirma.

La estrategia de España es discutir sin polémica. Ante el impacto de la indemnización, las empresas que tienen elogios a su favor han iniciado una ofensiva para tratar el cobro a través del embargo de bienes españoles. El mes pasado, Nextera solicitó a la justicia británica que impusiera un embargo preventivo al derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton. También en julio, Blasket pidió al Tribunal de Justicia de Bruselas que evaluara su petición para abordar las transferencias que Eurocontrol realiza a la empresa pública Enaire para apoyar así la compensación por la deuda de infrarrojos. En este contexto, el Tribunal Superior de Londres ordenó la congelación temporal de 805.808 euros depositados en cuatro cuentas vinculadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la sede del instituto en la capital británica. En el caso antinLa justicia británica ordenó un embargo cautelar al Instituto Español Vicente Cañada Blanch, institución histórica propiedad del Estado español en Londres; así como el bloque de 850 millones de euros que podría recibir España por los terrenos del Prestige frente a las costas gallegas. Blasket ha avisado este mismo mes de que se iniciará un procedimiento por defecto Técnico contra España ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Los suscriptores también emprendieron acciones legales en Australia y Estados Unidos, donde el pacto de inmunidad soberana ya era un obstáculo.

España se ha enfrentado a más de 50 solicitudes de arbitraje desde 2011 para la presentación de primarias en los sectores renovables, de las cuales 25 han obtenido resultados a favor de los inversores (aunque sólo 10 de forma definitiva), mientras que otras seis han obtenido una victoria para España. Igualmente, los servicios jurídicos del Estado han desaparecido sin efecto tres de los elogios perdidos inicialmente. Tres aspirantes desistieron de sus peticiones para aceptar la oferta del Gobierno de 2019 para garantizar mayores ingresos a sus plantas hasta 2031 y hasta finales de año. De los más de 10.600 millones de euros que reclamaban inicialmente los inversores la factura se ha reducido actualmente a 1.500 millones, aunque muchos árbitros cuelgan de la decisión.

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