La definición de «pérdidas y daños» para el clima

¿Cómo incide el cambio climático en las políticas agrarias de Extremadura?

Pérdidas y daños es un concepto central en las negociaciones internacionales sobre clima que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación (reducción de emisiones) ni gestionarse completamente mediante la adaptación. Incluye tanto pérdidas económicas (daños a infraestructura, pérdidas agrícolas, coste de reconstrucción) como pérdidas no económicas (desplazamiento de comunidades, pérdida de cultura, biodiversidad y derechos territoriales).

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de daños y perjuicios

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Casos y datos que ilustran el problema

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en agricultura y vivienda; las estimaciones internacionales señalaron que millones quedaron desplazados y hubo miles de millones de dólares en daños.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi provocó muertes masivas, destrucción de infraestructura y pérdidas económicas que se estimaron en miles de millones de dólares, además de un impacto humanitario prolongado.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): colapso de servicios esenciales y daños valorados en decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones; evidenció cómo impactos extremos generan crisis sanitarias y migraciones internas.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (por ejemplo, comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y pérdida de territorio, obligando a planificar reubicaciones transnacionales o nacionales.
  • Sequías y agricultura: en regiones del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías recurrentes y plagas vinculadas al clima reducen ingresos agrícolas, incrementan inseguridad alimentaria y empujan migraciones.

Marco internacional y política

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): la discusión sobre pérdidas y daños forma parte de las negociaciones desde hace años; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños para coordinar investigación y acción técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron crear un fondo específico para abordar pérdidas y daños, especialmente para apoyar a países en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. La puesta en marcha implica definir gobernanza, fuentes de financiamiento y criterios de acceso.
  • Tensión política: existe desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si el apoyo constituye reparación, compensación o solidaridad; algunos países temen obligaciones de responsabilidad legal y otros exigen justicia climática.

Medición, atribución y valoración

  • Ciencia de atribución: permite estimar cuánto contribuyó el cambio climático inducido por el ser humano a la probabilidad o intensidad de un evento extremo; esto ayuda a fundamentar decisiones de financiamiento, aunque no siempre es concluyente para cada caso.
  • Valoración económica: medir costos directos es más sencillo (infraestructura, producción), pero valuar pérdidas no económicas —identidad, tradiciones, biodiversidad— es complejo y a menudo insuficiente en términos monetarios.
  • Brechas de datos: países con poca capacidad estadística tienen dificultades para cuantificar daños y justificar solicitudes de apoyo, lo que agrava la desigualdad en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: inversión en infraestructura resiliente, planificación territorial, restauración de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: pólizas nacionales, fondos regionales de seguros para desastres (por ejemplo, mecanismos en el Caribe y el Pacífico) que ofrecen pagos rápidos tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: subvenciones, préstamos concesionales, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: propuestas incluyen impuestos sobre carbono, tasas sobre transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones voluntarias; cada opción genera debate sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
  • Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
  • Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
  • Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.

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