Vincent Fredon, un francés de 41 años, conduce cada día un coche eléctrico desde Cornil, un pequeño pueblo de 1.500 habitantes en el centro de Francia, hasta su trabajo, a 30 kilómetros de distancia. No quería gastarme miles de euros en comprarlo, ya que sólo pagaba 76 euros al mes. Esta es su esposa, Mélanie, hija de los 50.000 beneficiarios del programa alquilar social impulsada por el Gobierno francés, que facilita estos vehículos a ciudadanos con alquileres medios y bajos que estén dispuestos a comprarlos durante al menos tres años por un pago mensual de unos 100 euros –más aún en el caso de los modelos grandes–. La iniciativa tuvo tanto éxito que tardó menos de un mes. Varias entidades han propuesto un plan similar para España y el Gobierno confirma que lo está estudiando.
“Me expone y nos dirigimos al programa. alquiler (rendirse) social porque nuestros desplazamientos diarios y la distancia que recorremos cada día para ir al trabajo se adaptan perfectamente al uso de un vehículo eléctrico, 60 kilómetros de ida y vuelta”, explica Fredon. “Sin esta ayuda no dudamos en comprar o adquirir un vehículo para determinadas cuestiones, porque los coches nuevos son muy caros y en algunos casos no son de segunda mano. Económicamente es muy interesante programar las recargas en las horas de menor consumo en casa, incluso cuando el precio del gasóleo ronda los 1,75 euros el litro”, añade.
En su caso, paga 76 euros al mes por un Renault Twingo e-tech —el alquiler se puede pagar a 40 euros, pero también el mantenimiento y la seguridad—, mientras que su mujer paga 176 euros por un Renault Mégane E-tech, más grande. todos los modelos son de fabricación europea y cuestan como máximo 47.000 euros—. Ambos cumplen los requisitos del programa de trabajo de más de 15 kilómetros desde tu domicilio y se comprometen a pagar por menos de tres años —si has hecho más de 12.000 kilómetros al año hay un suplemento—.
Al final, podrás elegir entre adquirir los vehículos con una reparación o dejarlos, con lo que pasarán al mercado de segunda mano —una de las carencias de la movilidad eléctrica—. “Si suponemos que, con las ayudas estatales, el precio de compra será igual al 40% del valor del coche nuevo, ahora estamos pensando en comprarlo para poder alquiler de 37 meses y 37.500 kilómetros”. Se esperaba que el plan de verano ofreciera 25.000 vehículos, pero ante la avalancha de peticiones -unas 90.000- se duplicó el número de vehículos disponibles y la convocatoria se cerró en apenas un mes. Ya ha anunciado que volverá el año que viene.
“El programa fue un compromiso del presidente de la República, Emmanuel Macron, y Francia es el primer país en implementarlo. El objetivo de neutralización de carbono para 2050 supone una revolución en el sector del transporte, que representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Francia, y la descarbonización de nuestra movilidad”, afirma un portavoz del Ministerio francés de Transición Ecológica. “El Estado paga 13.000 euros por cada coche, además de 7.000 más para los hogares más modestos, lo que permite hasta 100 euros al mes, muy inferiores a los del mercado, con lo que se puede mantener un vehículo respetuoso con el medio ambiente. Tenemos otra convocatoria para las finales de este año o principios de 2025”, también.
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Una propuesta española
La ONG Transport & Environment (T&E) y Ecodes han creado una propuesta alquiler social al Gobierno español, con sede en Francia, aunque con diferencias. “La iniciativa francesa demuestra que están interesados en la movilidad eléctrica, pero el problema es el precio. Nuestra propuesta para España consistiría en ayudas de 20.000 euros, muy básicas, que serían un incentivo para fabricantes y ciudadanos. Los detalles pagarán 90 euros al mes durante cuatro años, y la Administración será la encargada de llevar el resto de los fondos. Podría articularme a través de Plan Moves”, explica Carlos Rico, de T&E. Se estima que la entidad podría sustituir 39.000 vehículos de combustión en un solo año, ahorrando alrededor de 50.000 toneladas de CO₂. “Hemos recibido la propuesta y la estamos estudiando”, responde un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica.
La asociación de concesionarios Ganvam también hizo otra propuesta similar, en este caso al Ministerio de Industria —que no respondió a EL PAÍS—. “Estamos dedicando los recursos del Estado a favorecer la movilidad eléctrica con el Plan Moves, que por ahora sólo favorece a las rentas más modestas, pero pretendemos que hay que centrarse también en las rentas medias y bajas, y eso se puede conseguir con un alquilar social”, dijo Fernando Miguélez, presidente de la entidad. “Además, el parque de vehículos español es muy antiguo, una media de 14,2 años, y un día así las economías menos modestas se animarían a subirse a sus coches viejos y pasarse al coche eléctrico”, prosigue.
La Asociación Española del Renting de Vehículos (AER) ha hecho mucho más, adhiriéndose al 92% del mercado, con 908.000 vehículos, el 10% de ellos eléctricos o híbridos codificables. “El recorte promedio de alquilar en España son unos 430 euros al mes, e incluso podrías contratar a un pequeño electricista. Si se inscribiera en un programa como el francés, el usuario pagaría 100 euros y el Estado tendería a cargar con unos 200 euros al que se entrega. Las comidas familiares más numerosas permitirían un recorte mayor, al igual que en Francia”, afirma José Martín Castro, presidente de la AER.
Acelerar la recogida de coches libres de emisiones
Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive —mecenazgo ibérico de la movilidad eléctrica—, cree que un programa así “sirve para acelerar la adopción de coches libres de emisiones entre los colectivos de rentas más bajas, y demostrar su relevancia, dada la popularidad que obtuvo en Francia «. Se podría aplicar en España, aunque para él habría sido un error “definir bien el grupo de población al que va dirigido, bien por alquiler, bien porque debe cubrir una serie de kilómetros, y la duración del contrato”. En su opinión, “sería interesante abrir la posibilidad de que un vehículo pase de una casa a otra con equipamiento social como forma de reducir la incertidumbre” sobre el valor residual del préstamo después de tres años del contrato».
May López, directora de Empresas para la Movilidad Sostenible (EMS), coincide al considerar que se trata de “una muy buena iniciativa” con la que se consiguen varios objetivos a la vez: “descarbonizar el transporte y mejorar la calidad del aire; centrarse en la eficiencia, suministrar principalmente vehículos pequeños y tener en cuenta el ciclo de vida; liderar la industria local generando empleados y ayudar a bajar los alquileres para que nadie más los quiera”. Además, sería clave para generar un mercado de vehículos eléctricos de segunda mano que atienda la movilidad eléctrica de todo tipo de usuarios en los próximos años.
Isabel Büschell, de T&E, tercera: “El ejemplo francés nos enseñó que una alquiler social permite buscar electricidad a personas vulnerables que dependen del coche, pero no tienen poder adquisitivo para comprarlo o alquilarlo, y también busca una movilidad limpia en las zonas rurales y alquileres más bajos”. Los expertos consultados coinciden en que este programa podría servir para incrementar rápidamente el 5% actual de ventas de vehículos eléctricos puros por encima del total de coches que se venden, al menos cerca del 17% en nuestro vecino Portugal.
De vuelta en Francia, Vincent Fredon resume: “El alquiler Social es una buena solución de movilidad para las personas que viven en pueblos, siempre y cuando no necesiten llevar agendas demasiado largas y prefieran las carreteras nacionales a las autopistas, donde los coches eléctricos no siempre son convenientes. También para aquellos que necesitan el enchufe para funcionar, pero no tienen medios para utilizar aparatos eléctricos nuevos y fabricados en Europa. Lo recomendaría sin dudarlo a cualquiera que se encuentre en esta situación.»
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