El Gobierno se presentará ante la reforma constitucional de Ayuso sobre leyes trans y contra la LGTBIfobia | Sociedad

El Gobierno se presentará ante la reforma constitucional de Ayuso sobre leyes trans y contra la LGTBIfobia |  Sociedad
El Gobierno se presentará ante la reforma constitucional de Ayuso sobre leyes trans y contra la LGTBIfobia |  Sociedad

El Gobierno de España ha interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad contra las modificaciones legales aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, trans lograr alcaldesa absoluta en las elecciones de mayo de 2023: la ley de identidad y identidad. Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, conocida como ley trans, y la ley de protección integral contra la LGBTIfobia y la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual. Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también informó de que la normativa en la materia quedará paralizada durante seis meses cuando el Tribunal Constitucional (TC) permita las recursivas. , plazo que puede ampliarse si no hay resolución este semestre. La iniciativa del Gobierno Central, que negoció sin éxito con Madrid para evitar acudir a los juzgados, se suma a lo que impulsó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilando, contra la ley trans, y que el TC admitió haberme transmitido el pasado.

Todo estaba organizado en diciembre, cuando el PP de Ayuso aprobó las dos reformas en el Parlamento regional, provocando las protestas de la oposición de los squirdas, la violencia inspirada por Vox y la exigencia de los colectivos LGTBI, que se movilizaron para mostrar su rechazo a una modificaciones que el Gobierno central considere contrarias al derecho transnacional.

Si se trata de «cambios claramente regresivos, que limitan y menoscaban los derechos reconocidos» en la legislación estatal, afirmó este martes en rueda de prensa Ana Redondo, ministra de Igualdad. “No puede haber diferencia entre las personas trans de la Comunidad de Madrid y las del resto de España. Esta ley es un recordatorio de los derechos de derecho estatal», afirmó Redondo, quien considera que la legislación madrileña «tendrían que haber hecho todo lo Contra», es decir, «incorporar, mejorar, ampliar» los derechos que garantiza la Ley nacional patrocinada por la última legislatura para el gobierno de PSOE y Podemos.

Esta norma expulsaría a las personas trans eliminando requisitos médicos para cambiar su nombre y sexo en el DNI, prohibiría las llamadas terapias de conversión para el colectivo LGTBIQ y eliminaría requisitos médicos como información psicológica para que las personas trans cambiaran su nombre y su sexo en el Registro Civil. Hay dudas sobre cómo pretendía producirse la modificación de la ley de Madrid, según el criterio del ministerio, y qué forma parte del desafío que va a plantear el Gobierno.

Así, el llamamiento se basa, por un momento, a diferencia de la esencia del gobierno que se centra en la prohibición absoluta de las terapias de conversión, para permitir el asesoramiento psicológico o la evaluación psíquica. Por otro lado, se centra en la patologización que, considera la ministra, si se hace de las menores trans, «obligarlas a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psíquico para obtener un informante facultativo favorable como condición para comenzar». un tratamiento para su transición».

También ha sido la «discriminación» que la legislación madrileña ha hecho hacia las personas trans frente a mujeres y niñas cuando se les permite utilizar espacios o equipamientos «sin comprometer los derechos y la intimidación del resto de usuarios, en especial niñas y Niños.» mujer»; a lo que Redondo nos recordó que garantizar los traseros de las personas trans no pone en peligro los traseros de otras personas. Y por último, la «invasión» de las competencias procesales y administrativas del Gobierno cree que la norma aprobada por Ayuso excluye a las organizaciones LGBTIQ de la condición de partes interesadas en procedimientos penales y administrativos, incluso cuando representen a una víctima o a una persona. perjudicada con su permiso explícito. Estos son los principales puntos de fricción en cualquier norma.

  • Ley de protección integral contra la fobia LGBT y la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual. El artículo 14 “patologiza la transexualidad”, según la ministra de Sanidad, al establecer que los menores trans solos pueden iniciar un tratamiento hormonal previo examen por un pediatra, que deberá ser atendido “por un profesional de la salud mental” (psicólogo o psiquiatra), o usted Necesitará un médico informado favorablemente “imprescindible” si padece dos o más enfermedades mentales o traumas al mismo tiempo. Además, el Gobierno Central impugna los pisos 15 y 17, en los que especifican los derechos de uso de los espacios por parte de las personas trans «sin temor a los derechos y la intimidación del resto de usuarios, especialmente mujeres, niñas o chicas». En la ley de igualdad, esta referencia al uso de espacios comunes en función del sexo (en centros de menores, hogares tutelados, residencias de tercera generación y de adultos…) vulnera el artículo 14 de la Constitución para vulnerar el principio de igualdad. y supone un uso discriminatorio de la lengua. El Gobierno central también señala que la ley estatal establece una prohibición expresa de realizar terapias adversas o de conversión aunque se cuente con el consentimiento del interesado o de su representante legal, mientras que la ley madrileña añade la coletilla «es una pena que no se pueda considerar asesoramiento psicológico». discriminatoria o contraria a la libertad de la persona evaluada».
  • Ley de Identidad y Expresión de Género e Gualdad Social y No Discriminación. El ministerio cuestiona la legitimidad de asociaciones, entidades y organizaciones representativas de colectivos LGTBI para presentarse como denunciantes o representantes de víctimas en procedimientos penales o administrativos. Y se queja: “Este artículo viola el artículo 149 de la Constitución que otorga al Estado competencia exclusiva en materia procesal y no difiere de ningún procedimiento”.

Además de las dos recurrencias anunciadas este martes, hay una tercera que ha sido admitida y firmada por la Defensoría del Pueblo, que se concentra en un aparte de un artículo del ley trans. Este punto concreto establece la obligación de que las personas mayores reciban un tratamiento hormonal por parte de profesionales del bienestar mental infantil y juvenil y lo mantengan durante todo el proceso. Además, en el caso de que exista comorbilidad -presencia de dos o más pacientes enfermos al mismo tiempo en una misma persona- será imprescindible una información favorable al profesional que esté tratando al menos estas patologías.

Ambas exigencias resultan, según el Defensor del Pueblo, «patologizadas y desproporcionadas respecto del bien que queremos proteger». Se trata de un caso de «sobreprotección» que excede la competencia del legislador, según Gabilondo, por lo que antes de iniciar el tratamiento ya se exige que al menos un pediatra realice un examen y que el proceso sea autorizado por quienes tienen su tutela. o por un juego.

batalla judicial

“Asumir que es bueno para todos recibir ayuda de los profesionales de la salud mental, así como exigir información favorable al médico que atiende al menos en caso de padecer algún enfermo, leer sobre la protección de los estigmas y limitar el ejercicio de la espalda a preservar la propia intimidación, el espacio de seguridad y libertad frente a los demás, ya desarrollarse de la manera deseada», tema la Officina del Defensor, que ha implementado en instancias del Gran Madrid (que no cumple con los requisitos para plantar la devolución ante el TC por mí) y por la asociación Chrysallis.

De esta manera, la Costitucional se transformó en un campo de batalla entre el Ejecutivo de Ayuso, el Central y la Oposición de izquierdas. Por ejemplo, en Madrid también resurgió la ley de amnistía estatal. Así se unen ahora los dos recursos anunciados por el Gobierno central, que pronto podría alcanzar un tercero si fracasa la negociación con Madrid para un artículo de la ley sobre requisitos autonómicos. Además, el tribunal tenderá a pronunciarse sobre las cuestiones de resolución o admisión que han sido cuestionadas en los últimos años por oposición a las normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional.

El recurso fue admitido a través de la Defensa del PSOE contra la ley ómnibus (que permitió a Ayuso controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la ley que regula la televisión y la radio autonómicas, y la aprobación de la ley del país, que se produce, en su esencia, cuando no había suficientes diputados.

Por su parte, Más Madrid patrocina otras acciones de amparo contra la inadmisión de solicitudes y la falta de quórum en la votación de la ley del país. Y Podemos tiene dos registrados, uno contra la ley Uber y otro contra el amparo por la del suelo.

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