En Costa Rica, la deuda pública alcanzó los ₡29.211.399 millones (aproximadamente US$55.269 millones), lo que representa un aumento de ₡449.117 millones desde finales de 2023. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta el país, en un contexto donde la deuda global se ha cuadriplicado desde la década de 2000. Actualmente, el 60% de las economías emergentes y en desarrollo enfrentan problemas de sostenibilidad fiscal, y el 80% de la población en América Latina se ve afectada por medidas de austeridad debido a los altos niveles de deuda.
Durante la VIII Conferencia Internacional sobre Flujos Financieros Ilegales, Daniela Berdeja de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD) señaló que la deuda actual está en manos de los bonistas, lo que la hace más confusa en términos de negociaciones y condiciones. Este aumento de la deuda crea importantes presiones fiscales, ya que una gran parte de los ingresos fiscales se destina al pago de intereses, lo que limita el crecimiento económico en la región.
En el caso de Costa Rica, la deuda externa aumentó en £664.535 millones, mientras que la deuda interna disminuyó en £215.418 millones. Berdeja destacó que el pago de intereses propició un ajuste fiscal que afecta a sectores vitales como la salud y la educación. En Costa Rica, el 46% del presupuesto se destina al pago de la deuda y a los intereses.
El análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional muestra que a finales de 2023, el país pagará £2.451.952 millones sólo en intereses, una cifra casi igual a lo asignado a la financiación de la educación pública.
El ministro de Finanzas, Nogui Acosta, admitió que los altos costos del servicio de la deuda limitan el «gasto social» y que se necesitan urgentemente reformas fiscales. Propuso una reestructuración del sistema tributario, incluida una mayor carga fiscal para los más ricos y un enfoque en el desarrollo económico sostenible.
Berdeja abogó por reformas a nivel internacional, que incluyen la condonación de la deuda, la abolición de la carga de intereses y el acceso a financiación concesional, con el fin de mejorar la situación económica de los países latinoamericanos.
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