El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes un plan de emergencia para reformar el Tribunal Supremo, actualmente dominado por una mayoría conservadora. La controvertida iniciativa pretende dejar una huella significativa en sus últimos seis meses en el cargo.
Desde hace semanas, Biden ha expresado su intención de implementar varios cambios en la Corte, entre ellos limitar los mandatos de los jueces, que actualmente son vitalicios. Esto significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, lo que la mayoría conservadora (seis a tres magistrados) puede permanecer en el cargo durante décadas. La Casa Blanca ha argumentado que se deberían establecer restricciones para evitar que los jueces permanezcan en sus cargos indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos jueces, aumentando aún más la influencia conservadora en la corte. Durante su primer mandato, Trump nombró a tres jueces y su enfoque incluyó la selección de candidatos jóvenes que puedan tener un impacto a largo plazo en la corte. Biden, por su parte, logró marcar a Ketanji Brown Jackson (54) como su única opción hasta el momento.
Biden pronto revelará más detalles sobre su plan, que busca resolver cuestiones constitucionales y restablecer el equilibrio en la corte, particularmente en respuesta a decisiones recientes que afectan la inmunidad presidencial de Trump. También está prevista la creación de un código de conducta «vinculante y ejecutable» para los jueces.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso altamente polarizado, lo que dificulta la aprobación de las medidas propuestas por el Presidente.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que «nadie está por encima de la ley», destacando la importancia de la confianza del público en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en cuestiones que afectan las libertades personales. El fallo Roe v. Wade de 1973, que legalizó el aborto, fue objeto de un intenso debate y desde entonces ha llevado a muchos estados a aprobar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados tienen una prohibición legal total o parcial de esta práctica.
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